Dicha conciliación se adelanta ante la Procuraduría General de la Nación, en donde el caso es repartido a uno de los procuradores delegados, quien intenta que las partes implicadas -es decir, el Ministerio de Defensa e Ingrid Betancourt- lleguen a un acuerdo.
En caso de que las partes acuerden superar las diferencias, el proceso termina y se cumple lo acordado. En el caso contrario, la acción judicial iniciaría ante el tribunal donde sucedieron los hechos. Tras el fallo allí adoptado, pasaría al Consejo de Estado.
En dado caso el ministerio público tendrá entre dos y tres meses para definir si se llega o no a la conciliación antes del proceso judicial.
Por su parte, el ex comisionado de Paz en la época en que Ingrid Betancourt fue secuestrada, Camilo Gómez Alzate, manifestó que el Gobierno le había advertido a la entonces candidata presidencial que no se desplazara hacia San Vicente del Caguán por el riesgo que ello significaba.
“Varias personas estaban pidiendo autorizaciones para ir a San Vicente del Caguán; nosotros nos encargamos de recomendarles que, dado los combates, no era prudente que hicieran ese viaje ", manifestó Gómez Alzate en diálogo con Caracol Radio.
De acuerdo con el ex comisionado de paz, Ingrid Betancourt decidió emprender el viaje por tierra y en un retén militar se le advirtió que no era prudente que continuara. Sin embargo, " ella deja escrito que continuará bajo sus propios medios y por su propia responsabilidad; incluso se quedan algunos escoltas que la acompañaban en ese momento. Ese documento reposa en los archivos del Ministerio de Defensa ", aseguró Gómez. ex comisionado de paz resaltó que " el decir que sigue bajo su propia responsabilidad y sus propios medios es un indicativo de que el Estado tomó las medidas del caso".
.jpg)
