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miércoles, 17 de agosto de 2022

Millonaria inversión en restitución de tierras en Santander

Participaron en el proceso, la Unidad de Restitución de Tierras, la Defensoría del Pueblo y el SENA

Bucaramanga, Santander, 16 de agosto de 2022 (@URestitucion). – Familias de 15 municipios de Santander que fueron en el pasado despojados de sus predios rurales por grupos criminales, hoy logra la restitución de sus derechos.

Un total de 35 familias desplazadas por grupos ilegales y reconocidas como víctimas de despojo y abandono forzado de tierras serán compensadas gracias a fallo de restitución de tierras. Para cumplir con la medida se destinarán $2.100 millones con los que... Seguir leyendo

martes, 20 de diciembre de 2011

Reglamentada la restitución de tierras

Juan Manuel Santos, Presidente

Así lo advirtió el Presidente Juan Manuel Santos al presentar este martes, en la Casa de Nariño, el decreto reglamentario de la restitución de tierras.
El Jefe de Estado envió este mensaje a los criminales que siguen intimidando y amenazando a los campesinos y a sus representantes, a quienes les reiteró que “los vamos a combatir con todo”.
Anunció que los 4 millones de colombianos que se verán beneficiados con esta iniciativa recibirán un monto entre los 9 millones y los 21 millones de pesos como indemnización.
Al dar la largada a la ley que servirá para reparar a las víctimas en los próximos 10 años y presentar las herramientas concretas para convertir ahora “un futuro de esperanza”, Santos dio a conocer cómo serán las medidas de asistencia y reparación.
Indemnización administrativa: ahí se establecen los montos y mecanismos. Cada víctima recibirá entre 17 y 40 salarios mínimos, es decir, en la actualidad entre 9 y 21 millones de pesos.

“Eso no compensa el asesinato de un ser querido, quisiéramos darles más pero físicamente no es posible”, aseguró.
Registro único de víctimas: se trata de la puerta de acceso para quienes quieren ser beneficiarios de las medidas de atención, asistencia y reparación. El proceso será gratuito y buscará que no tengan que pasearse de una institución a otra. Tendrán 4 años para poder registrarse.
“A los avivatos les decimos que si los descubrimos podrán ser condenados hasta con 8 años de cárcel”, señaló.
Garantías de no repetición El Presidente Santos explicó, además, que dentro de los decretos reglamentarios de la Ley de Víctimas se contemplan las garantías de no repetición.
“Aquí se crea una serie de observatorios, sistemas, redes y planes que activan las alarmas sobre poblaciones en riesgo. Se trata de instrumentos para atender de forma inmediata la ocurrencia de nuevos hechos o para proteger a individuos y comunidades que estén bajo algún tipo de amenaza”, indicó el Mandatario.
Dijo que por esta misma razón estas normas reglamentarias cuentan con medidas para alcanzar la verdad, lo que siempre han reclamado las víctimas.
“Ellas quieren saber –necesitan saber– qué pasó con sus seres queridos o dónde están enterrados. El país entero, además, está obligado a reconocer su histórico dolor y rendirles homenaje. Así lo haremos a través de actos conmemorativos coordinados por un Comité Ejecutivo que presido yo, personalmente”, señaló el Jefe de Estado.
De esta manera se pone en marcha el Centro de Memoria Histórica bajo la dirección de Gonzalo Sánchez, que se encargará de apoyar iniciativas privadas –o de la sociedad civil– y de crear un Museo de la Memoria.

Dicho centro servirá para que trascienda en el tiempo el doloroso testimonio de las víctimas “para que nunca más cerremos los ojos ante semejantes vejaciones”, subrayó el Mandatario.

viernes, 7 de mayo de 2010

Tribunal Superior de Cartagena protege predio Tacaloa

Cartagena, Colombia

La decisión es un precedente para evitar que compra y venta masiva de tierras. Campesinos desplazados en diferentes ciudades de la Costa Caribe, desesperados por la ruina causada por años de abandono, se vieron obligados a vender sus tierras.

Cartagena, 7 de mayo de 2010 (CNRR). La sala de decisión civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena mantuvo en firme la protección a las tierras en la zona baja de El Carmen de Bolívar, adoptada por el Comité Departamental de Atención a la Población desplazada.

La decisión, resolvió revocar la sentencia del 23 de febrero del 2010 del Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar contra el Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada, por considerar que se desconoció la decisión de proteger las tierras con el fin de poner freno al creciente fenómeno de desplazamiento en la zona.

La decisión beneficia directamente a 64 familias del predio Tacaloa, adjudicado por el antiguo Incora, de 1.600 hectáreas, ubicado al lado del corregimiento de El Salado.

“Es una noticia que marca un precedente muy importante para evitar que se sigan dando las compras masivas de tierra y nuevos desplazamientos”, consideró la Comisionada en representación de la sociedad civil, Ana Teresa Bernal, quien preside la Comisión Regional de Restitución de Bienes (CRRB) Bolívar.

El Fallo advierte que no se deben levantar las medidas de protección de territorios de campesinos víctimas de la violencia del despojo masivo por parte de los actores armados, agregó la Comisionada.

Bernal hizo un llamado a los campesinos del país para que no cedan a las presiones de vender sus tierras con el argumento de las obligaciones, aún por encima de sus derechos. Así lo ha informado insistentemente la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), a través de sus Comisiones Regionales de Restitución de Bienes, donde pueden denunciar las presiones de las que sean objeto.



El fallo

La sala de decisión civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, con fecha 4 de mayo del año en curso, resolvió revocar la sentencia del 23 de febrero del 2010 proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar contra el Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada, en ésta se levantaba la protección adoptada por el citado Comité para impedir la compra y venta de las fincas afectadas por desplazamiento forzado en la zona baja del Carmen de Bolívar.

El fallo inicial del Juzgado del Carmen de Bolívar desconocía la protección de bienes decretada por el Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada, a través de la Resolución del 3 de Octubre de 2008, que dispuso declarar en inminente riesgo de nuevos fenómenos de desplazamiento por las tensiones interiores originadas por la compra y venta masiva indiscriminada de tierras, en la zona baja del municipio de El Carmen de Bolívar que podían alterar el orden socioeconómico de la región de los Montes de María.

Esta nueva decisión del Tribunal fue solicitada por la Defensoría, la Gobernación, la Procuraduría Agraria y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en una acción interinstitucional liderada por la Comisión Regional de Restitución de Bienes (CRRB) Bolívar, ya que la sentencia del Juzgado del Carmen le abría peligrosamente las puertas a las compras masivas de predios incorados en los años 80 y 90 en los Montes de María, profundizando la concentración de la tierra y agravando aún más la crisis económica y social de la población campesina desplazada debido a varias décadas de violencia y masacres.

Este nuevo fallo judicial resuelve parcialmente el grave problema de ventas ya que al mantener la protección de las tierras de los desplazados impide que siga la compra masiva de tierras, en la cual inversionistas y empresarios se han aprovechado comprando casi 70 mil hectáreas a precios irrisorios en los últimos años después de la muerte de Martin Caballero, comandante del Frente 35 de las FARC, comenta el coordinador de la CNRR Bolívar, Arturo Zea.

El reto del Gobierno y de las instituciones del proceso de Justicia y Paz es actuar rápidamente para que los desplazados no se vean obligados a vender.

La Comisión Regional de Restitución de Bienes Bolívar, instalada en septiembre del 2009, tiene el difícil reto de armonizar las medidas gubernamentales de protección y las aplazadas medidas de estabilización socio-económica para que los campesinos desplazados no se encuentren en el callejón sin salida que han denunciado, comentó Zea.

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