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domingo, 15 de mayo de 2022

Siguen los temores sobre amenaza de la democracia

Mario González Vargas
A escasos días de la primera vuelta presidencial se acumulan las amenazas sobre nuestra democracia, sin que ellas despierten la necesidad de conjurarlas con acciones apropiadas a su naturaleza y peligrosidad.

Desde el 14 de marzo, no se han resuelto las irregularidades electorales. Solo se cuenta con la tutela presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se solicita recontar la totalidad de la votación de Congreso que, de ser aceptada, permitiría subsanar los monumentales errores de la Registraduría, que han multiplicado las sospechas de falta de transparencia y hubiesen merecido la suspensión del registrador. Seguir leyendo

jueves, 29 de septiembre de 2011

Tribunal anuló Acuerdo que afectaba estampilla pro adulto mayor

El Tribunal Administrativo de Santander, profirió este 28 de septiembre de 2011,  fallo definitivo de nulidad, dentro del proceso iniciado con la demanda interpuesta por el Concejal EDGAR SUAREZ  contra el Acuerdo Municipal No 100 del 2009, en la que se beneficiaba con aproximadamente $1000 millones al Contratista Internacional encargado de la ejecución  de la obra del viaducto de la novena. Beneficio ilegal que consistió en la exoneración de un porcentaje de los recursos que tal contratista debía pagar por la Estampilla Pro-Adulto Mayor, destinados a los adultos mayores de Bucaramanga, considerados constitucionalmente como población vulnerable.

El fallo centra su argumentación  en que el acuerdo municipal, aprobado por los concejales de la coalición de gobierno y presentado por el alcalde Fernando Vargas, violó el principio de igualdad, excluyendo a todos aquellos que contratan con el municipio en obras públicas, y que si están obligados a pagar la totalidad del tributo establecido por la Ley del Adulto Mayor.
El pasado 30 de Diciembre de 2009, a las 10 pm, el Concejal EDGAR SUAREZ en plenaria del Concejo, había advertido a los cabildantes y a la administración municipal dicha violación al principio de igualdad entre contratistas, así como el beneficio ilegal que se pretendía aprobar, en perjuicio de los ancianos de la ciudad. Hoy después de un año y seis meses, el Tribunal Administrativo de Santander le da la razón al Concejal EDGAR SUAREZ, decretando la nulidad de dicho acuerdo, por la flagrante ilegalidad que allí se plasmo.
Cabe recordar que el Concejal Suarez fue el único que manifestó su desacuerdo con dicho Acto administrativo, y en su momento organizó un debate argumentando tales irregularidades aprobadas en el mencionado acuerdo, por la violación a la Ley 1276 del 2009, cuyo autor fue el Dr. RENÉ GARZON, quien desde el Congreso de la Republica, buscó en su momento mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de todo el país, sin encontrar eco alguno en la administración municipal.

OFICINA DE PRENSA. CAMBIO RADICAL 8. Bucaramanga, septiembre 28 de 2011. EDGAR SUAREZ GUTIERREZ
Concejal de Bucaramanga

viernes, 7 de mayo de 2010

Tribunal Superior de Cartagena protege predio Tacaloa

Cartagena, Colombia

La decisión es un precedente para evitar que compra y venta masiva de tierras. Campesinos desplazados en diferentes ciudades de la Costa Caribe, desesperados por la ruina causada por años de abandono, se vieron obligados a vender sus tierras.

Cartagena, 7 de mayo de 2010 (CNRR). La sala de decisión civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena mantuvo en firme la protección a las tierras en la zona baja de El Carmen de Bolívar, adoptada por el Comité Departamental de Atención a la Población desplazada.

La decisión, resolvió revocar la sentencia del 23 de febrero del 2010 del Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar contra el Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada, por considerar que se desconoció la decisión de proteger las tierras con el fin de poner freno al creciente fenómeno de desplazamiento en la zona.

La decisión beneficia directamente a 64 familias del predio Tacaloa, adjudicado por el antiguo Incora, de 1.600 hectáreas, ubicado al lado del corregimiento de El Salado.

“Es una noticia que marca un precedente muy importante para evitar que se sigan dando las compras masivas de tierra y nuevos desplazamientos”, consideró la Comisionada en representación de la sociedad civil, Ana Teresa Bernal, quien preside la Comisión Regional de Restitución de Bienes (CRRB) Bolívar.

El Fallo advierte que no se deben levantar las medidas de protección de territorios de campesinos víctimas de la violencia del despojo masivo por parte de los actores armados, agregó la Comisionada.

Bernal hizo un llamado a los campesinos del país para que no cedan a las presiones de vender sus tierras con el argumento de las obligaciones, aún por encima de sus derechos. Así lo ha informado insistentemente la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), a través de sus Comisiones Regionales de Restitución de Bienes, donde pueden denunciar las presiones de las que sean objeto.



El fallo

La sala de decisión civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, con fecha 4 de mayo del año en curso, resolvió revocar la sentencia del 23 de febrero del 2010 proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar contra el Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada, en ésta se levantaba la protección adoptada por el citado Comité para impedir la compra y venta de las fincas afectadas por desplazamiento forzado en la zona baja del Carmen de Bolívar.

El fallo inicial del Juzgado del Carmen de Bolívar desconocía la protección de bienes decretada por el Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada, a través de la Resolución del 3 de Octubre de 2008, que dispuso declarar en inminente riesgo de nuevos fenómenos de desplazamiento por las tensiones interiores originadas por la compra y venta masiva indiscriminada de tierras, en la zona baja del municipio de El Carmen de Bolívar que podían alterar el orden socioeconómico de la región de los Montes de María.

Esta nueva decisión del Tribunal fue solicitada por la Defensoría, la Gobernación, la Procuraduría Agraria y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en una acción interinstitucional liderada por la Comisión Regional de Restitución de Bienes (CRRB) Bolívar, ya que la sentencia del Juzgado del Carmen le abría peligrosamente las puertas a las compras masivas de predios incorados en los años 80 y 90 en los Montes de María, profundizando la concentración de la tierra y agravando aún más la crisis económica y social de la población campesina desplazada debido a varias décadas de violencia y masacres.

Este nuevo fallo judicial resuelve parcialmente el grave problema de ventas ya que al mantener la protección de las tierras de los desplazados impide que siga la compra masiva de tierras, en la cual inversionistas y empresarios se han aprovechado comprando casi 70 mil hectáreas a precios irrisorios en los últimos años después de la muerte de Martin Caballero, comandante del Frente 35 de las FARC, comenta el coordinador de la CNRR Bolívar, Arturo Zea.

El reto del Gobierno y de las instituciones del proceso de Justicia y Paz es actuar rápidamente para que los desplazados no se vean obligados a vender.

La Comisión Regional de Restitución de Bienes Bolívar, instalada en septiembre del 2009, tiene el difícil reto de armonizar las medidas gubernamentales de protección y las aplazadas medidas de estabilización socio-económica para que los campesinos desplazados no se encuentren en el callejón sin salida que han denunciado, comentó Zea.

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