La decisión es un precedente para evitar que compra y venta masiva de tierras. Campesinos desplazados en diferentes ciudades de la Costa Caribe, desesperados por la ruina causada por años de abandono, se vieron obligados a vender sus tierras.
Cartagena, 7 de mayo de 2010 (CNRR). La sala de decisión civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena mantuvo en firme la protección a las tierras en la zona baja de El Carmen de Bolívar, adoptada por el Comité Departamental de Atención a la Población desplazada.
La decisión, resolvió revocar la sentencia del 23 de febrero del 2010 del Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar contra el Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada, por considerar que se desconoció la decisión de proteger las tierras con el fin de poner freno al creciente fenómeno de desplazamiento en la zona.
La decisión beneficia directamente a 64 familias del predio Tacaloa, adjudicado por el antiguo Incora, de 1.600 hectáreas, ubicado al lado del corregimiento de El Salado.
“Es una noticia que marca un precedente muy importante para evitar que se sigan dando las compras masivas de tierra y nuevos desplazamientos”, consideró la Comisionada en representación de la sociedad civil, Ana Teresa Bernal, quien preside la Comisión Regional de Restitución de Bienes (CRRB) Bolívar.
El Fallo advierte que no se deben levantar las medidas de protección de territorios de campesinos víctimas de la violencia del despojo masivo por parte de los actores armados, agregó la Comisionada.
Bernal hizo un llamado a los campesinos del país para que no cedan a las presiones de vender sus tierras con el argumento de las obligaciones, aún por encima de sus derechos. Así lo ha informado insistentemente la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), a través de sus Comisiones Regionales de Restitución de Bienes, donde pueden denunciar las presiones de las que sean objeto.
El fallo
La sala de decisión civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, con fecha 4 de mayo del año en curso, resolvió revocar la sentencia del 23 de febrero del 2010 proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar contra el Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada, en ésta se levantaba la protección adoptada por el citado Comité para impedir la compra y venta de las fincas afectadas por desplazamiento forzado en la zona baja del Carmen de Bolívar.
El fallo inicial del Juzgado del Carmen de Bolívar desconocía la protección de bienes decretada por el Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada, a través de la Resolución del 3 de Octubre de 2008, que dispuso declarar en inminente riesgo de nuevos fenómenos de desplazamiento por las tensiones interiores originadas por la compra y venta masiva indiscriminada de tierras, en la zona baja del municipio de El Carmen de Bolívar que podían alterar el orden socioeconómico de la región de los Montes de María.
Esta nueva decisión del Tribunal fue solicitada por la Defensoría, la Gobernación, la Procuraduría Agraria y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en una acción interinstitucional liderada por la Comisión Regional de Restitución de Bienes (CRRB) Bolívar, ya que la sentencia del Juzgado del Carmen le abría peligrosamente las puertas a las compras masivas de predios incorados en los años 80 y 90 en los Montes de María, profundizando la concentración de la tierra y agravando aún más la crisis económica y social de la población campesina desplazada debido a varias décadas de violencia y masacres.
Este nuevo fallo judicial resuelve parcialmente el grave problema de ventas ya que al mantener la protección de las tierras de los desplazados impide que siga la compra masiva de tierras, en la cual inversionistas y empresarios se han aprovechado comprando casi 70 mil hectáreas a precios irrisorios en los últimos años después de la muerte de Martin Caballero, comandante del Frente 35 de las FARC, comenta el coordinador de la CNRR Bolívar, Arturo Zea.
El reto del Gobierno y de las instituciones del proceso de Justicia y Paz es actuar rápidamente para que los desplazados no se vean obligados a vender.
La Comisión Regional de Restitución de Bienes Bolívar, instalada en septiembre del 2009, tiene el difícil reto de armonizar las medidas gubernamentales de protección y las aplazadas medidas de estabilización socio-económica para que los campesinos desplazados no se encuentren en el callejón sin salida que han denunciado, comentó Zea.
No hay comentarios:
Publicar un comentario