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"Aunque la situación ha mejorado desde 2004, los asesinatos continúan. Se percibe que hay una dificultad de investigación de los crímenes", sostuvo la Relatora, recalcando que no se ha producido todavía "ninguna sentencia firme" contra los miles de paramilitares desmovilizados por la ley de Justicia a Paz.
La viceministra de asuntos multilaterales de Colombia, Adriana Mejía Hernández, admitió que "la superación definitiva de la impunidad constituye el reto incuestionable que debe convocar los esfuerzos del Estado en su conjunto".
"Debemos continuar examinando las vías e implementando las medidas que permitan garantizar a todos los ciudadanos el acceso y la aplicación de una justicia pronta y eficaz", adelantó la viceministra Mejía Hernández.
Para Marcelo Pollack, de Aministía Internacional (AI), "las alianzas entre grupos ilegales y políticos y empresarios es probablemente la amenaza más sería al Estado de Derecho en Colombia".
"La impunidad sigue siendo la columna vertebral de la crisis de derechos humanos en Colombia, la gran mayoría de los victimarios no han sido identificados, y menos llevados ante la justicia. Eso se debe a que aún no existe la voluntad política por parte de las autoridades para enfrentarla", subrayó Pollack.
Albuquerque e Silva denunció igualmente las alegaciones en el sentido de "que agentes del DAS (servicio secreto) habían incluso desarrollado actividades intimidatorias de seguimiento y persecución contra magistrados, jueces y fiscales, lo que se configura como un ataque a la Rama Judicial y también de abogados y defensores de derechos humanos".
Indicó asimismo que "las interferencias políticas en el nombramiento de los integrantes de las Altas Cortes, particularmente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y en la Fiscalía General de la República constituye uno de los mayores desafíos para la garantía de la independencia de la Judicatura".
"La Relatora ha querido significar la facultad que tiene el Presidente para postular candidatos en el poder judicial, lo cual pone en duda la independencia de la justicia", explicó Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas Gallón añadió que "la Relatora no encontró nada rescatable de su visita a Colombia, salvo que se han localizado 2.500 cadáveres en fosas comunes, y que se va a instaurar, en un futuro, el sistema procesal penal oral acusatorio".
Concluyó que la Relatora "ha sido muy crítica", pues hay "impunidad, no hay condenas de paramilitares" y se hace "espionaje de los servicios que dependen del Presidente contra magistrados y abogados".
Colombia: sensación generalizada de impunidad.
La relatora de la ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados, afirmó que en Colombia existe una sensación generalizada de impunidad que resulta de la ineficacia del sistema de justicia.
Gabriela Knaul de Albuquerque e Silva visitó ese país en diciembre del año pasado, y este miércoles presentó su informe ante el Consejo de Derechos Humanos.
La experta independiente explicó que los juzgados están sobrecargados de procesos y la administración es inadecuada y carece de recursos materiales y humanos.
Constató las dificultades en la recolección de pruebas y en la investigación de delitos, así como el ataque e intimidación de víctimas y testigos.
"Nunca será suficiente destacar la importancia de la actividad profesional que desarrollan los abogados, y la necesidad de otorgarles todas las condiciones necesarias para que puedan llevar a cabo adecuadamente su labor".
La relatora recomendó que se establezca un Colegio de Abogados que defienda los fueros de estos profesionales y que vele por la observancia de reglas éticas de conducta.
Tomado de la Agencia de Prensa Rural
