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viernes, 2 de mayo de 2014

Las sentencias de la Corte son para cumplirlas

A propósito de una tutela del ex congresista Tiberio Villarreal
Consejo de estado
Bucaramanga.- El Consejo de estado en su boletín interno reveló detalladamente por qué objetó por improcedente una acción de Tutela que el ex congresista santandereano Tiberio Villarreal Ramos había  instaurado contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República – FONPRECON-, pretendiendo debatir una sentencia constitucional que le puso tope a las pensiones.
Tiberio Villarreal
Sostiene el Consejo de estado que las providencias que profiere la Corte Constitucional son de obligatorio cumplimiento y remite al interesado a la sentencia  C-083 de 1.985 y posteriormente con la C-037 de 1996, que analizó la ley estatutaria de  la administración de justicia.
El señor Villarreal Ramos consideró que la Corte le vulneró derechos, al ponerle tope a las megapensiones que venían devengando algunos  ex congresistas, fijándolas solo en 15 salarios mínimos.  Con el fin de controvertir la decisión constitucional, el señor Villarreal Ramos  presentó una acción de Tutela que el consejo de estado calificó de improcedente.
El pronunciamiento de la Sección Quinta de la alta Corporación dice textualmente:
La acción de tutela es improcedente para controvertir sentencias de constitucionalidad.  
Síntesis del caso: La Sección Quinta, rechazó la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Tiberio Villareal Ramos contra FONPRECON, porque controvierte una sentencia de constitucionalidad proferida por la Corte Constitucional, lo que es a todas luces improcedente. Leer más

viernes, 10 de mayo de 2013

El gobierno elogió fallo de la Corte sobre pensiones

Ahorro anual de $72 mil millones al Estado, con fallo de pensiones altas
Mauricio Cárdenas
Ministro de hacienda
Yahoo noticias - Por COLPRENSA | Colprensa  
El Gobierno Nacional no ahorró calificativos para referirse al fallo de la Corte Constitucional que dejó sin vigencia el sistema especial de pensiones para congresistas y magistrados, que les permitía a estos funcionarios jubilarse con pensiones superiores a 25 salarios mínimos, es decir, más allá de los 14 millones 600 mil pesos.
"Histórico", "audaz", "importante" y "justo", fueron algunos de los calificativos del Ejecutivo para referirse a una decisión que le significará al erario ahorrar cada año más de $70 mil millones de pesos que ahora serán destinados a programas sociales.
En síntesis, la Corte ordenó que a partir del próximo primero de julio ningún funcionario al servicio del Estado podrá recibir más de 25 salarios mínimos de pensión de jubilación; que ésta deberá calcularse con base en el promedio salarial de los últimos diez años y no del último año, como hasta ahora; que solo deben tenerse en cuenta para su liquidación los ingresos salariales, y sobre las pensiones que se sospeche fueron liquidadas de manera fraudulenta deben ser revocadas o reliquidadas antes del 31 de diciembre de 2013, pero que no habrá devolución de los dineros ya girados.
La sentencia, para el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Rafael Pardo Rueda, "es muy importante, porque corrige en parte la inequidad del sistema pensional colombiano".
Pardo dijo que su despacho ha venido revisando las pensiones superiores a los 25 salarios mínimos y las que se basaron en el promedio salarial del último año.
"Más que el ahorro, este fallo lo que significa es que favorece la igualdad, la equidad, y la solidaridad del sistema pensional que en Colombia sigue siendo muy inequitativo", explicó el ministro.
"Más inversión social"
A su turno, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, dijo que el fallo es "histórico", pues consideró que una decisión de estos alcances "era difícil de lograr por otra vía, como una sentencia judicial o por iniciativa del Congreso".
El ministro Cárdenas explicó que "hay que felicitar a la Corte porque fue audaz en su decisión" y añadió que pues dijo que si bien el Gobierno defendía los derechos adquiridos, la corporación constitucional fue más allá del mismo acto legislativo de 2004 que reguló el sistema pensional colombiano.
Con la sentencia, unas 1.171 pensiones superiores a los 25 salarios mínimos se reducirán aun tope máximo de 14 millones 608 mil pesos, lo que según el ministro de Hacienda le representará al Estado un ahorro anual de 72 mil millones de pesos anualmente, que serán destinados a inversión social.
"Esos recursos los vamos a destinar al programa 'Colombia Mayor', de subsidios para ancianos indigentes de nivel 1 del Sisbén que reciben mensualmente 65 mil pesos para alimentación. Con este ahorro habrá 72 mil colombianos más recibiendo esa ayuda. Hoy son 800 mil los beneficiarios de ese programa", aseguró el jefe de la cartera de finanzas públicas.
Cárdenas Santamaría explicó que hasta el momento el sistema pensional ha sido sostenible, aunque admitió que el problema es la cobertura: "Son muy pocos los colombianos con acceso a una pensión que demandan $24 billones al año. Con este fallo, se corrige en parte el problema de la inequidad", aseguró.
A su turno, el Francisco Ramírez, director del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República explicó que la decisión de la Corte le significa a la entidad un ahorro mensual de 3.511 millones de pesos, y que se verán afectadas 577 pensiones.

jueves, 28 de julio de 2011

Se pronuncia Corte Suprema en caso congresista Nancy Patricia Gutiérrez

Piedad Córdoba será parte civil en el caso por las escuchas contra un excongresista

Bogotá, 27 jul (EFE).- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia aceptó hoy que la exsenadora Piedad Córdoba sea "parte civil" en un proceso del alto tribunal contra la expresidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez por tráfico de influencias.

Nancy Patricia Gutiérrez
La Sala Penal de la CSJ consideró que Córdoba sí es víctima en ese proceso por cuanto Gutiérrez pudo haber presuntamente utilizado información privilegiada del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal), tras interceptar ilegalmente el teléfono de la exlegisladora.

La causa contra Gutiérrez, afectada con detención domiciliaria, está relacionada con el caso de esas interceptaciones ilegales del DAS por cuanto considera que la expresidenta del Legislativo "habría recibido información reservada" en un claro tráfico de influencias.

Las interceptaciones ilegales, llamadas en Colombia "chuzadas", generaron un escándalo en el país al revelarse en febrero de 2009 de estos seguimientos ilegales realizados por el DAS a líderes de la oposición, entre ellos Córdoba, magistrados y periodistas.

La Fiscalía colombiana consideró que esas escuchas fueron parte de una "empresa criminal" dirigida desde la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

De acuerdo a la Corte, María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, puso al servicio de Gutiérrez "funcionarios de la institución para que entregaran documentos reservados con una clara finalidad".

La expresidenta del Congreso es investigada por solicitar esa información reservada de la exsenadora Córdoba, para utilizarla en un debate de control político en el Congreso el 25 de marzo de 2008.

El abogado de Córdoba, Luis Guillermo Pérez, señaló a periodistas que la exlegisladora, directa afectada, no pretende ninguna indemnización si no "la reparación mediante las excusas públicas" de Gutiérrez.
"Queremos la búsqueda de la verdad y conocer quiénes fueron los que le hicieron daño y quieren acabar con su imagen", dijo el abogado Pérez.

En septiembre pasado, la Procuraduría destituyó e inbahilitó por 18 años a Córdoba por sus vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El abogado de Córdoba, Luis Guillermo Pérez, señaló a periodistas que la exlegisladora, directa afectada, no pretende ninguna indemnización si no "la reparación mediante las excusas públicas" de Gutiérrez. EFE/Archivo

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