Concejal denuncia negligencia que afecta a los niños

30.000 NIÑOS POBRES EN BUCARAMANGA AGUANTARON HAMBRE ESTE AÑO POR NEGLIGENCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

Plenaria del concejo. A la derecha Edgar Suárez

Fue la forma como el Concejal de esta capital,  Edgar Suarez, se refirió a la falta de eficiencia y eficacia de la Secretaria de Educación Municipal, para la asignación del programa de alimentación escolar, con destino los establecimientos educativos oficiales del municipio, dentro del calendario escolar que termina el próximo 29 de noviembre.

El de cambio radical, afirma que según las directrices dadas por el Gobierno central, en cabeza del Departamento Nacional de Planeación DNP y específicamente en su documento “Orientación para la programación y ejecución de recursos del sistema general de participación”, la licitación pública SEB-LP-004-2010 de la Secretaria de Educación Municipal, busca de forma tardía suministrar casi 30.000 refrigerios diarios por 100 días del calendario escolar y dirigido a los niños y niñas más pobres de la ciudad de los grados escolares desde transición a quinto primaria, es decir, con edades entre 5 y 12 años y matriculados estos en las instituciones oficiales del municipio.

Expresó el concejal: En primer lugar, es inaudito que el cronograma de la licitación actual, más el tiempo que se gasta en legalizar y adecuar espacios para suministrar el servicio de alimentación, por parte del contratista que salga favorecido con esta jugosa licitación, tan solo quedarían faltando de 10 a 20 días de servicio, para alimentar a los niños y niñas de los establecimientos educativos y se culmina el calendario escolar del 2010.

 Esto después que durante todo el año los niños más pobres de Bucaramanga han llegado a estudiar en ayunas, o los más afortunados con una aguapanela y un pedazo de pan, y sin contar aquellos niños que tiene que calmar el hambre con un tarro de bóxer, como se observa en los sectores deprimidos de nuestra ciudad, dando inicio a su carrera de drogadicción. En segundo lugar, es inexplicable la asignación tardía de la cuantiosa licitación la cual alcanza los $ 4.477.500.000 (cuatro mil cuatrocientos setenta y siete millones de pesos) que tiene un anticipo exagerado del 30%, es decir, el contratistas elegido se enbosillaran por adelantado y sin ningún esfuerzo la no despreciable suma de $1.343.000.000 (mil trescientos cuarenta y tres millones de pesos), por prestar el servicio tan solo estos pocos días y al parecer restablecerán el servicio en la vigencia del 2011 con otro calendario escolar, contrario a lo que ordenan las normas, los procedimientos y lineamientos dados por el DNP en el mismo documento, cuando se trata del manejo de recursos de Sistema General de Participación y además esto sin contar los dineros adicionales que se pagarían al contratista con las actas de parciales de suministros que se le darían por los pocos días que preste el servicio durante este año.

La responsable directa de este desmán es la Secretaria de Educación Municipal, la cual está en la obligación de garantizar la complementación alimentaria a los estudiantes de nuestra ciudad, la participación de ICBF es tan solo la de fijar los lineamientos y condiciones para el desarrollo de este programa y en este caso particular no tiene ninguna responsabilidad, como erróneamente lo expresa a la comunidad el Secretario de Educación Municipal, evadiendo su propia responsabilidad por la negligencia de su despacho, afirmo el Concejal Suarez.

Son aproximadamente 75 Centros Educativos a quienes se les negó el servicio durante lo corrido del 2010, existiendo los recursos, esto es injustificable y vergonzoso para Bucaramanga a la luz de los derechos de los niños y niñas, los cuales son de índole constitucional y prevalecen sobre los derechos de los demás, y el estado está en la obligación de garantizarlos.

Resalta el Concejal que a raíz de la ineficiencia presentada por la Secretaria de Educación se le están violando a los niños y niñas beneficiarios de este programa los siguientes derechos de índole constitucional: derecho a la vida, la integridad física, la salud y la alimentación equilibrada; y del Código de la Infancia y Adolescencia: El interés superior de los niños y niñas, la prevalencia de los derechos, la corresponsabilidad del Estado, los derechos de protección; y de la Convencion Sobre Los Derechos de Niño el Articulo 3 que habla expresamente del Interés superior de los niños y niñas.

Es lamentable que en nuestra ciudad no se haya garantizado la continuidad del programa a los niños que se estaban alimentando en años anteriores y aun mas grave por estas razones no se pueden aumentar los recursos del Sistema General que son del orden Nacional, para ampliar cobertura de la alimentación de escolar para el 2011, pues así lo establece la norma y los procedimientos expresos en el documento del DNP.

El Concejal Suarez invita al Procurador General de la Nación y los demás organismos de control como las contralorías, veedurías ciudadanas, personería y el ICBF para que intervengan efectivamente en dicho proceso, sea vigilado y garantice que no se siga jugando con los recursos destinados a la alimentación de nuestro niños y niñas en condición de pobreza, como hasta ahora lo ha venido haciendo la Secretaria de Educación Municipal en cabeza de Montero desde el año 2008, prueba de esto fue la demanda de acción de Tutela interpuesta el año anterior y ganada por Suarez en segunda instancia, a la Secretaria de Educación por la misma ineficiencia en el mismo programa de alimentación escolar, pero la cual ya era demasiado tarde para su aplicación.

Fuente: Oficina de prensa del  concejal EDGAR SUAREZ GUTIERREZ

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Detectan graves irregularidades en compañía Agro Industrial de San Pablo, Bolívar

Los pequeños agricultores están a punto de perder sus fincas por la negligencia de los administradores.

Esto es fruto de la pésima política agropecuaria diseñada por el gobierno, dicen los afectados

La Contraloría general de la república formuló observaciones a la Compañía Palmera San Pablo Sur de Bolívar S.A. durante un proceso de Auditoría respecto a resultados y beneficios sociales, diseñados inicialmente para unas 150 familias que hoy ven con reserva y preocupación el proyecto.

Dicen voceros de las organizaciones “Proyecto Agro-empresarial del Cultivo de Palma Africana en el Sur de Bolívar”, que se han detectado más de 30 fallas en el programa, que dan crédito a las denuncias formuladas a la Comisión de la Contraloría General de la República, seccional Bucaramanga.

Consideran los querellantes que estas observaciones son preliminares, pero tienen la preocupación, por algunas versiones que han circulado, en el sentido que desde Bogotá representantes de la Corporación Colombiana Internacional - Incuagro muevan toda clase de influencias para que las observaciones iniciales de la entidad fiscal, sean contrarias a la realidad que están viviendo.

En la observación hechas por la Contraloría, hay una serie de interrogantes de diferente orden, entre ellas, dos que han llamado preocupantemente la atención de los asociados, como son las observaciones 33 y 34 que se relacionan, la primera (33) con la producción total y rendimientos por unidad de área sembrada.

En este orden la comisión de la Contraloría señala en el análisis, que la compañía dejó de recibir $1.034.9 millones por concepto de la venta de frutos de Palma durante la vigencia de 2008, atribuido a la falta de gestión lo cual mantienen a la Empresa en una situación extremadamente precaria.

En el numeral 34 de las observaciones la comisión basada en estudios de Fedepalma, sostiene que la Compañía Palmera, estimando el área sembrada, debía haber recibido en el 2008, $1.138.7 millones netos, pero los resultados han sido del peor fracaso, al saber que son solo $103.8 millones recibidos realmente. Eso indica que hubo una diferencia de ingresos de $1.034.9 millones netos, que significan pérdidas.

El proyecto representa1.554,3 hectáreas de plantaciones agrícolas de palma de aceite que tiene un valor de $7.454,2 millones, de acuerdo al último balance.

En los demás numerales de observación la Contraloría se refiere a las condiciones de seguridad alimentaria para comunidades beneficiarias del proyecto, apoyando a las familias con programas de cultivos de pancoger; sin embargo dentro de una encuesta realizada entre las familias asociadas del programa, el 100% coincide en lo nulo que ha resultado el mandato COMPES, establecido para planes de desarrollo alternativo como el Agroindustrial de la Compañía Palmera San Pablo.

Agrega que la administración del proyecto no ha respondido para mejorar los ingresos de los Asociados y menos para ejercer un acompañamiento social y empresarial y atribuye el hecho a la deficiencia del modelo del proyecto productivo.

En cuanto al apoyo que deben recibir los asociados según el mandato COMPES, para que tengan acceso a recursos de financiación, dice el informe de la Contraloría que no se detecta en la compañía Palmera San Pablo, un debido cumplimiento de tales gestiones, no obstante la iniciativa propia de los asociados de buscar apoyo de la banca comercial lo que ha provocado una desestabilización del proyecto y una problemática social.

En el informe se reitera que no se observa en la administración Palmera San Pablo un propósito real de querer sacar adelante programas de producción y un adecuado manejo de los recursos.

Advierte igualmente la preocupación cada día más evidente de los asociados y registra con reserva el hecho relacionado con el eventual retiro de la participación de INCUAGRO como órgano operador del proyecto, por la falta de claridad, lo que ha provocado incertidumbre entre la base social, frente a quienes asumieran la representación de ese ente operador.

En el numeral 26 de las observaciones de la Contraloría, dice que no se evidencian correctivos de evaluación que ayuden a retroalimentar las labores desarrolladas para generar un valor agregado que lleve beneficios sociales. Agrega que en definitiva no hay pautas de indicadores sociales y económicos que determinen las acciones del operador y el administrador del proyecto para que se consoliden resultados sobre generación de empleo y confianza de los asociados, lo cual ha traído como resultado la iliquidez del proyecto.

El numeral 28 afirma que la compañía no ha dado cumplimiento a lo establecido en el manual sobre procesos de cosecha, en este caso para la Compañía Palmas San Pablo de Bolívar SA en lo relacionado con la recolección de las cosechas en forma oportuna, lo cual ha ocasionado una serie de tropiezos de diverso orden que finalmente representan grandes pérdidas para la compañía.

Hay algunas otras observaciones que unidas representan un retroceso fatal para los asociados de una compañía de esta naturaleza, creada para sustituir los cultivos ilícitos y en busca de una solución social y económica para los habitantes de la región.

En estas condiciones tan deplorables, dicen los asociados, algunos beneficiarios de la Costa Atlántica, del funesto programa Agro Ingreso Seguro, están tratando de aprovechar la situación de desespero de los dueños de finca, para comprar las tierras a precios irrisorios, hecho que consideraron más grave, porque sería un acto indirecto del Ministerio de agricultura que entregó esos millonarios subsidios a los más ricos del país, para que adquieran ahora los bienes de los más pobres, enfatizaron en diálogo con reporteros de bersoa.com