Fuente: Vanguardialiberal.com -Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos al gerente de Metrolínea, Félix Fráncisco Rueda Forero, por irregularidades en la licitación que otorgó el recaudo y control del sistema de transporte masivo de Bucaramanga.
Según la página de la Procuraduría General de la Nación, la licitación fue adjudicada el 24 de septiembre de 2007 a un consorcio cuyos integrantes no contaban con los requisitos técnicos de experiencia exigida en el pliego de condiciones.
Según el informe de la Procuraduría, se comprobó que la experiencia aportada en las certificaciones no concordaba con las exigencias planteadas y que Rueda Forero, como representante legal de Metrolíena, no solicitó a los proponentes mayores datos específicos sobre dichas experiencias.
Señala la Procuraduría que “…al momento de evaluar la única propuesta convirtieron las exigentes cláusulas del pliego, en condiciones flexibles que permitieron la interpretación subjetiva de los miembros del comité evaluador y del mismo gerente de la entidad en beneficio del único proponente quebrantándose los principios de igualdad, de trasparencia y de selección objetiva que rigen la actividad contractual.”
La oficina de prensa de Metrolínea informó que Rueda Forero publicará más tarde un comunicado sobre la situación.
Éste es el comunicado completo de la Procuraduría General de la Nación
Bogotá, agosto 26 de 2010. La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos al señor Felix Francisco Rueda Forero, gerente y representante legal de Metrolínea S.A. por las irregularidades presentadas en la adjudicación una licitación pública para otorgar en concesión el sistema de recaudo y control del sistema integrado de transporte masivo de pasajeros del área metropolitana de Bucaramanga.
De acuerdo con la investigación la licitación fue adjudicada el 24 de septiembre de 2007 a un consorcio cuyos integrantes no contaban con los requisitos técnicos de experiencia exigida en el pliego de condiciones.
Al revisar las certificaciones expedidas para acreditar la experiencia del proponente ganador, el Ministerio Público comprobó que la experiencia aportada no estaba acorde con las exigencias planteadas y que el representante legal de Metrolínea, no solicitó a los proponentes acreditar mayores datos específicos sobre las experiencias adjudicadas, pese a que en el pliego de condiciones lo permitía.
Señala la Procuraduría que “…al momento de evaluar la única propuesta convirtieron las exigentes cláusulas del pliego, en condiciones flexibles que permitieron la interpretación subjetiva de los miembros del comité evaluador y del mismo gerente de la entidad en beneficio del único proponente quebrantándose los principios de igualdad, de trasparencia y de selección objetiva que rigen la actividad contractual.”
Los argumentos expuestos por la defensa técnica y material que pretende a través de certificaciones recibidas con posterioridad a la adjudicación de la Licitación Pública cuestionada y solicitadas por la Procuraduría durante la investigación disciplinaria, aclarar aquellos aspectos de acreditación de experiencia que debían ser dilucidados durante la evaluación de las propuestas y en todo caso antes que el Representante Legal de Metrolínea adjudicara el proceso licitatorio, como director supremo de la contratación realizada por la entidad a su cargo, no pueden ser de recibo y aceptación por parte de este órgano de control disciplinario, por las siguientes razones, además de las consideraciones en precedencia.
La contratación estatal impone el cumplimiento de una reglas precisas que deben ser atendidas por los participantes en ella. En este sentido se consagran los principios de igualdad, transparencia, responsabilidad y el deber de selección objetiva y es en esta fase de evaluación y adjudicación de las propuestas, durante la fase previa a la celebración del contrato, donde deben ser atendidos en estricto sentido, en aras de darle la pulcritud y la mácula para garantizar que el proceder en la adjudicación no deje dudas en la escogencia, bajo estigmas o factores subjetivos, que pongan en riesgo o afecten la credibilidad del proceso contractual, garantizando así el cumplimiento de los fines, de la contratación estatal.
Cabe anotar que la Procuraduría General , en cumplimiento de su función preventiva, solicitó en su momento la suspensión del proceso licitatorio en cuestión.
