Mario González Vargas
La reciente sentencia de la
Corte IDH tiene profundas consecuencias sobre el derecho disciplinario en
nuestro país y en todo el continente. Como la sentencia condena al estado
colombiano por la violación al artículo 23.2 de la Convención Americana de DDHH,
la atención del gobierno debe centrarse en el análisis de la providencia y
especialmente en sus alcances, como que dispone la competencia exclusiva de
Juez Penal para sancionar a servidores públicos de elección popular, y ordena
al estado modificar su ordenamiento jurídico, juzgado incompatible con la norma
convencional.
La Corte IDH, en atención a la
petición de Gustavo Petro, después de 51 años se percató... Leer más
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