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sábado, 20 de junio de 2009


Viene de Política y algo más > Mininterior dice que sería votado en enero. Juristas señalan que se hundiría por falta de tiempo.

No obstante, las cuentas de Valencia Cossio no coinciden con la de analistas y expertos en el tema, quienes han deshauciado la iniciativa.

Primero, porque si se logra un resultado favorable en la conciliación de julio, estaría pasando a revisión de la Corte Constitucional en agosto.

Según juristas, la Corte cuenta con 120 días hábiles para dar a conocer su fallo, lo que equivaldría a cinco meses calendario. Eso indica que la decisión se conocería a principios de enero.

Culminada esta etapa, vendría la preparación del proceso electoral por parte de la Registraduría Nacional, la cual ha señalado que necesitaría, como mínimo, tres meses para convocar a las urnas. Así las cosas, el llamado a votar el referendo se haría en abril del 2010.

El problema es que el presidente Álvaro Uribe, si opta por un tercer mandato, debe informar su decisión seis meses antes de las elecciones presidenciales (para el 30 de mayo). Es decir, a más tardar, el 30 de noviembre de este año para darle cumplimiento a lo establecido en la Ley de Garantías.

Nuevo enfrentamiento

Entre tanto, a la controversia por la conciliación en el referendo de la reelección se sumó la polémica entre el ministro Valencia Cossio y el registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez.

El Ministro dijo que en la Constitución la función del Registrador es sólo certificar si las firmas son válidas o no.

“Creo que el Registrador se está metiendo en las competencias de otros porque quien tiene que decidir sobre esa materia (topes legales de inversión para el referendo) es el Consejo Nacional Electoral, quien ha dicho que ese proceso administrativo no tiene que ver con el proceso legislativo”, aseguró el Ministro.

La respuesta se dio a una carta entregada el jueves por el Registrador Nacional, quien dijo que esa entidad no ha expedido ninguna certificación que diga que se ha cumplido con los límites de financiación del referendo.

Por su parte, el representante Carlos Arturo Piedrahíta les entregó a los conciliadores que asistieron a la Cámara un estudio técnico de una asociación de juristas en el cual se indica las posibles fallas y sanciones jurídicas que cometerían los legisladores si votan la iniciativa sin la certificación de la Registraduría.

Para el representante Germán Olano, el tiempo permitirá la reflexión de las situaciones jurídicas para que todos puedan hablar con sus abogados.

Según el congresista liberal, el informe de Registrador se convierte en una prueba para el proceso que adelanta la Corte Suprema contra 86 congresistas que votaron el referendo.

De otra parte el presidente del Partido de la U, Luis Carlos Restrepo, aseguró que el referendo se aplazó para el 20 de julio porque hay “denuncias temerarias”.

“Aquí hubo una denuncia temeraria de un miembro de la oposición que amenazó abiertamente a los congresistas de que los iba a judicializar por tramitar el referendo, lamentablemente esa amenaza se cumplió”, dijo Restrepo.

Agregó que el pueblo debe exigirle a los congresistas que tramiten la iniciativa y que “nosotros no queremos ver un Congreso atemorizado por la Corte, queremos ver un Congreso ejerciendo el poder que le ha conferido el pueblo, pero para eso se necesitan garantías y se necesita protección”.

Un nuevo inconveniente enfrentaría el referendo en la Corte Constitucional, toda vez que se preparan varias denuncias contra algunos magistrados para que se declaren impedidos a la hora del estudio por su simpatía con el Gobierno.

Para el representante a la Cámara River Franklin Legro, quien tiene lista su ponencia negativa, lo preferible es que el proyecto de referendo reeleccionista se hunda “porque no podemos tener por más tiempo al país en medio de esta gran incertidumbre”.

El senador conservador Hernán Andrade, presidente del Congreso de la República, aseguró ayer en un entrevista radial que el proyecto de referendo reeleccionista necesita con urgencia “respiración boca a boca”.

Hasta el momento han renunciado 5 de los 25 conciliadores de Cámara. Orsinia Polanco, Telésforo Pedraza, Germán Navas, José María Conde y Carlos Ávila.

Las cuentas

Esta semana los parlamentarios empezaron a hacer cuentas sobre cómo podría quedar la votación.

En Senado, 15 congresistas le apuntan al 2010; para ello, tienen una ponencia firmada que será presentada en julio.

El senador Eduardo Enríquez Maya, quien recogió las 15 firmas, sostiene que en la Cámara cuentan con 12 ó 13 votos. Eso sumaría entre 27 y 28 congresistas a favor de una conciliación para el 2010.
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