Jorge Enrique Robledo, Bogotá,
abril 25 de 2014
En todos los países se
construyen viviendas subsidiadas por el Estado. En Colombia ello ocurre desde
el BCH (1932) y el ICT (1939). Dichos subsidios obedecen a que muchos no tienen
con qué comprar casas o apartamentos que carezcan de aportes oficiales gratuitos,
recursos que también sirven para promover los negocios de la construcción
–tierras, materiales, capital financiero, constructores. Y son políticamente
muy eficaces porque aparentemente prueban lo mucho que quieren a los pobres los
mismos responsables de su pobreza: “Ustedes no saben que promovemos los TLC
–por ejemplo–, pero sí saben el nombre del partido y el número que hay que
marcar a cambio de darles o prometerles una casita”. Leer más
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