Acusan de negligente al gobierno de Floridablanca

Los potenciales afectados presentarán un derecho de petición

La base carcomida de este poste 
muestra el grave riesgo 

Floridablanca. – Las quejas de la comunidad de la Urbanización Bucarica, fueron corroboradas por reporteros de este medio para confirmar la denuncia, relacionada con las amenazas que causa un poste del alumbrado público que se encuentra a punto de desplomarse y causar una catástrofe. Los voceros comunales dijeron que hace más de un año hicieron la denuncia pública, pero la oficina de alumbrado público de Floridablanca nada ha hecho. Agregaron que la dependencia solo recauda el impuesto por tal concepto, (alumbrado público) pero no invierte en lo más elemental, mientras que ese abandono representa un grave  RIESGO. Seguir leyendo

Nacería Asociación de usuarios del SOAT por mejor precio

Por: Bernardo Socha Acosta

A mediados de este mes de diciembre 2022, hubo un gran revuelo en Colombia por los exagerados precios fijados por el gobierno y las compañías aseguradoras, a las pólizas, tanto la obligatoria como las voluntarias, precios que no se compadecen con la situación económica que vive la mayoría de quienes las necesitan.

Hoy de los cerca de 50 millones de habitantes de este país, más de 17 millones tienen un vehículo, incluyendo las motocicletas y no es que tener un vehículo sea una afición o un lujo. No, el vehículo es en la mayoría que lo posee, un elemento de trabajo, porque así lo ha dispuesto la evolución y la revolución industrial... seguir leyendo

OBSERVACIONES A LA LICITACIÓN PARA SUMINISTRO DE REFRIGERIOS ESCOLARES

Viene de Así es Bucaramanga

La Secretaría de Educación ha optado en la presente vigencia por hacer más exigentes las condiciones financieras, lo cual no contribuye a mejorar la calidad del contratista sino a limitar la participación de oferentes.

La exigencia de cupo de crédito representa un gasto adicional para el proponente, por lo tanto desconoce el principio de economía que rige la contratación estatal. Además se considera un requisito innecesario teniendo en cuenta que se entrega un 30% de anticipo.

Consultado el SECOP encontramos muy pocos proponentes en capacidad de cumplir con la experiencia, requisitos financieros y que tengan instalaciones en Bucaramanga, entre ellos la Corporación Wakusari integrante del Consorcio Andino, contratista del ICBF regional Santander.

En el pliego se exige al contratista contar con 11 centros de producción divididos entre los núcleos educativos a atender. Se solicita que se explique la ventaja de contar con centros de producción por núcleo y no con uno industrial.

Se observa una exigencia bastante alta de capacidad de contratación de casi 12 mil millones de pesos y una capacidad residual de casi 6 mil millones.

“Estas observaciones tienen como fin mejorar el proceso de contratación para permitir que más proponentes puedan participar de la licitación y ésta se desarrolle de manera más transparente”, señaló finalmente María Teresa Duarte, Vocera del Comité de Seguimiento al Pacto por la Transparencia.

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES NO SON TOTALMENTE SATISFACTORIAS

Mediante documento publicado el pasado 8 de junio a la 9 y 17 pm la Secretaría de Educación respondió las observaciones formuladas por el Comité y demás interesados y realizó algunas modificaciones al pliego de condiciones, frente a las cuales la Vocera del Comité señaló que “aún existen requisitos de orden financiero excepcionalmente altos comparados con otros procesos de la Secretaría, lo cual afecta la posibilidad de participar en esta licitación”.

Así mismo agregó que se observa con preocupación el bajo nivel de participantes que se presenta en los procesos de la Secretaría de Educación. “Mientras que un proceso tan complejo como el del viaducto la Novena, que requería la participación de empresas extranjeras, se recibieron 3 propuestas, en procesos como el de aplicación de pruebas ICFES o el transporte escolar se presenta un proponente”.

Detectan graves irregularidades en compañía Agro Industrial de San Pablo, Bolívar

Los pequeños agricultores están a punto de perder sus fincas por la negligencia de los administradores.

Esto es fruto de la pésima política agropecuaria diseñada por el gobierno, dicen los afectados

La Contraloría general de la república formuló observaciones a la Compañía Palmera San Pablo Sur de Bolívar S.A. durante un proceso de Auditoría respecto a resultados y beneficios sociales, diseñados inicialmente para unas 150 familias que hoy ven con reserva y preocupación el proyecto.

Dicen voceros de las organizaciones “Proyecto Agro-empresarial del Cultivo de Palma Africana en el Sur de Bolívar”, que se han detectado más de 30 fallas en el programa, que dan crédito a las denuncias formuladas a la Comisión de la Contraloría General de la República, seccional Bucaramanga.

Consideran los querellantes que estas observaciones son preliminares, pero tienen la preocupación, por algunas versiones que han circulado, en el sentido que desde Bogotá representantes de la Corporación Colombiana Internacional - Incuagro muevan toda clase de influencias para que las observaciones iniciales de la entidad fiscal, sean contrarias a la realidad que están viviendo.

En la observación hechas por la Contraloría, hay una serie de interrogantes de diferente orden, entre ellas, dos que han llamado preocupantemente la atención de los asociados, como son las observaciones 33 y 34 que se relacionan, la primera (33) con la producción total y rendimientos por unidad de área sembrada.

En este orden la comisión de la Contraloría señala en el análisis, que la compañía dejó de recibir $1.034.9 millones por concepto de la venta de frutos de Palma durante la vigencia de 2008, atribuido a la falta de gestión lo cual mantienen a la Empresa en una situación extremadamente precaria.

En el numeral 34 de las observaciones la comisión basada en estudios de Fedepalma, sostiene que la Compañía Palmera, estimando el área sembrada, debía haber recibido en el 2008, $1.138.7 millones netos, pero los resultados han sido del peor fracaso, al saber que son solo $103.8 millones recibidos realmente. Eso indica que hubo una diferencia de ingresos de $1.034.9 millones netos, que significan pérdidas.

El proyecto representa1.554,3 hectáreas de plantaciones agrícolas de palma de aceite que tiene un valor de $7.454,2 millones, de acuerdo al último balance.

En los demás numerales de observación la Contraloría se refiere a las condiciones de seguridad alimentaria para comunidades beneficiarias del proyecto, apoyando a las familias con programas de cultivos de pancoger; sin embargo dentro de una encuesta realizada entre las familias asociadas del programa, el 100% coincide en lo nulo que ha resultado el mandato COMPES, establecido para planes de desarrollo alternativo como el Agroindustrial de la Compañía Palmera San Pablo.

Agrega que la administración del proyecto no ha respondido para mejorar los ingresos de los Asociados y menos para ejercer un acompañamiento social y empresarial y atribuye el hecho a la deficiencia del modelo del proyecto productivo.

En cuanto al apoyo que deben recibir los asociados según el mandato COMPES, para que tengan acceso a recursos de financiación, dice el informe de la Contraloría que no se detecta en la compañía Palmera San Pablo, un debido cumplimiento de tales gestiones, no obstante la iniciativa propia de los asociados de buscar apoyo de la banca comercial lo que ha provocado una desestabilización del proyecto y una problemática social.

En el informe se reitera que no se observa en la administración Palmera San Pablo un propósito real de querer sacar adelante programas de producción y un adecuado manejo de los recursos.

Advierte igualmente la preocupación cada día más evidente de los asociados y registra con reserva el hecho relacionado con el eventual retiro de la participación de INCUAGRO como órgano operador del proyecto, por la falta de claridad, lo que ha provocado incertidumbre entre la base social, frente a quienes asumieran la representación de ese ente operador.

En el numeral 26 de las observaciones de la Contraloría, dice que no se evidencian correctivos de evaluación que ayuden a retroalimentar las labores desarrolladas para generar un valor agregado que lleve beneficios sociales. Agrega que en definitiva no hay pautas de indicadores sociales y económicos que determinen las acciones del operador y el administrador del proyecto para que se consoliden resultados sobre generación de empleo y confianza de los asociados, lo cual ha traído como resultado la iliquidez del proyecto.

El numeral 28 afirma que la compañía no ha dado cumplimiento a lo establecido en el manual sobre procesos de cosecha, en este caso para la Compañía Palmas San Pablo de Bolívar SA en lo relacionado con la recolección de las cosechas en forma oportuna, lo cual ha ocasionado una serie de tropiezos de diverso orden que finalmente representan grandes pérdidas para la compañía.

Hay algunas otras observaciones que unidas representan un retroceso fatal para los asociados de una compañía de esta naturaleza, creada para sustituir los cultivos ilícitos y en busca de una solución social y económica para los habitantes de la región.

En estas condiciones tan deplorables, dicen los asociados, algunos beneficiarios de la Costa Atlántica, del funesto programa Agro Ingreso Seguro, están tratando de aprovechar la situación de desespero de los dueños de finca, para comprar las tierras a precios irrisorios, hecho que consideraron más grave, porque sería un acto indirecto del Ministerio de agricultura que entregó esos millonarios subsidios a los más ricos del país, para que adquieran ahora los bienes de los más pobres, enfatizaron en diálogo con reporteros de bersoa.com